Infraestructura Pública Digital (DPI): una herramienta para empezar a digitalizar con cimientos

Cuando hablamos de transformación digital en el sector público, la conversación suele quedarse en la superficie: plataformas bonitas, apps funcionales, trámites en línea. Pero hay algo más profundo en juego, y Aura Cifuentes lo deja claro en este nuevo episodio: sin infraestructura pública digital (DPI), la digitalización estatal es solo cosmética.

De la capa visible al andamiaje invisible

La DPI no son los servicios en sí, sino las capas funcionales que los hacen posibles: sistemas de identidad digital, marcos de interoperabilidad, protocolos comunes de intercambio de datos, y componentes reutilizables de software público. Estos elementos funcionan como el “sistema operativo” del Estado digital, permitiendo que distintos servicios hablen entre sí, se escalen y se sostengan con el tiempo.

Pensar en DPI es dejar de ver el Estado como un conjunto de portales web y empezar a concebirlo como una arquitectura común, sobre la cual distintas instituciones pueden construir sin duplicar esfuerzos, y sin depender de los ciclos políticos para empezar desde cero. Ejemplos como Carpeta Ciudadana en Colombia, PIX en Brasil o los sistemas modulares de Uruguay muestran que esta visión ya está en marcha, aunque aún fragmentada.

Tres ideas para una agenda DPI sólida y contextual

1. Arquitectura compartida con capacidad de evolución: la DPI debe funcionar como una plataforma-país. Esto implica construir capas tecnológicas comunes (como marcos de identidad, datos y seguridad), documentadas y mantenidas de manera abierta. Pero también significa crear una gobernanza capaz de evolucionar con el tiempo: con responsables claros, presupuesto propio, y mecanismos para incorporar mejoras sin depender de reformas estructurales. La arquitectura no debe ser solo interoperable: debe ser también adaptable.

2. Gobernanza distribuida y multiactor: es necesario consolidar una gobernanza distribuida, donde organizaciones de sociedad civil, academia, proveedores tecnológicos abiertos y multilaterales tengan roles explícitos. Esto no solo amplía capacidades, también genera confianza y da consistencia al ecosistema DPI. El diseño de DPI debe incorporar mecanismos de accountability técnico y político desde el inicio, y fomentar espacios de decisión compartida. Esto no significa descentralizar el poder digital, sino diversificarlo bajo reglas comunes.

3. Talento público como inversión estructural: la infraestructura no se sostiene con código únicamente, se sostiene con personas que la entienden, la mantienen, la regulan y la expanden. Por eso, el desarrollo de DPI debe incluir una inversión decidida en capacidades institucionales: desde formación técnica para funcionarios clave hasta modelos de carrera digital en el sector público. Además, se necesitan equipos que piensen y lideren el diseño de lo público digital con mirada sistemática, ciudadana y estructural.

Una oportunidad estructural para América Latina

En América Latina, donde el acceso a servicios públicos aún depende muchas veces de la geografía, el nivel socioeconómico o la informalidad, la DPI no es un complemento, es una vía para reequilibrar el acceso a derechos. Puede reducir barreras estructurales, cerrar ciclos de exclusión administrativa y hacer visible al Estado donde históricamente ha estado ausente (o donde la corrupción e informalidad han ganado terreno). Por ello, DPI es también una apuesta de política y de política pública: si no se construye sobre principios de apertura, inclusión y largo plazo, puede replicar –o incluso amplificar– las desigualdades existentes. De su diseño y despliegue depende que la digitalización deje de ser un privilegio y una condición predominantemente urbana, y se convierta en un bien público robusto, confiable y compartido.

May 07, 202500:46:4042.73 MB

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